Policía del Estado Anzoátegui

Policía Bolivariana de Anzoátegui Polianzoátegui
Escudo
Localización
País	Venezuela Venezuela
Información general
Jurisdicción	Anzoátegui
Tipo	Policía estadal y regional
Organización
Dirección	Power Cano
Depende de	Gobierno del Estado Anzoátegui
Empleados	Desconocido
Presupuesto	Desconocido
Historia
Fundación	7 de mayo de 1971

El Instituto Autónomo de Policía del Estado Anzoátegui (IAPANZ), más conocida como Policía Bolivariana del Estado Anzoátegui o simplemente Polianzoátegui, es el cuerpo de policía con jurisdicción estadal en el estado venezolano de Anzoátegui. Es la principal fuerza de seguridad a nivel regional en el estado homónimo que depende del Gobierno de Anzoátegui. Su actual comisario es Power Cano Nieto.^[1]​

La Policía del Estado Anzoátegui se fundó como cuerpo policial regional el 7 de mayo de 1971.^[1]​ Su estructura organizativa se estableció mediante la Ley de la Función Policial del Estado Anzoátegui en la Gaceta Oficial N.º 54 en 1997, que «crea y organiza el cuerpo de Policía del Estado Anzoátegui». Según lo establecido en la ley, la misión institucional es «Garantizar la seguridad de las personas, de sus bienes y de la comunidad, el resguardo de la moralidad y salubridad urbana, la preservación del orden público, tránsito, turismo y del ambiente» en toda la entidad.^[2]​

En la práctica, Polianzoátegui tiene como propósito esencial garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio del estado Anzoátegui, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, prevenir y combatir el delito, así como también mantener la paz interna, la tranquilidad y el orden público en estricto respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en la jurisdicción de su competencia.^[3]​

El Instituto Autónomo de Policía del Estado Anzoátegui (IAPANZ) está encabezado por un director general, comúnmente con rango de comisario general, actualmente el Comisario Power Cano Nieto preside la institución.^[4]​ En la cadena de mando formal, la ley define como autoridades superiores al Gobernador del estado, al secretario de Gobierno y al propio director general del cuerpo policial. Bajo el director general hay un subdirector y jefaturas de zona, además de una Junta Directiva institucional estatal.^[5]​

Operativamente, la Policía anzoatiguense se organiza en Centros de Coordinación Policial distribuidos por todos los municipios del estado, cada uno dirigido por un jefe local.^[6]​ Los rangos internos siguen la escala policial venezolana, desde oficiales rasos hasta inspectores y comisarios jefe/general, similar a otros cuerpos de policía estadales.^[2]​

Polianzoátegui participa en planes regionales de seguridad ciudadana liderados por el Gobierno de Anzoátegui. Destacan los operativos preventivos en cuadrantes de paz, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, se despliegan patrullas comunitarias para patrullar barrios y carreteras.^[4]​ Asimismo, realizan jornadas de seguridad vial: en febrero de 2025 llevaron a cabo controles de tránsito en la capital estadal Barcelona, sancionando a motociclistas sin casco y con documentos vencidos. Estas actividades forman parte de una «estrategia integral» para educar a la población sobre normas de tránsito y reducir accidentes.^[7]​

El 27 de mayo de 2017, durante disturbios en la ciudad de Lechería, el polianzoátegui Onan Pereira disparó al activista estudiantil César Pereira, hiriéndolo mortalmente en la zona abdominal. En la madrugada del día siguiente, Pereira falleció por una pérdida extrema de sangre, luego de no sobrevivir a una operación quirúrgica, en la cual se le extrajo una metra de diez centímetros. En redes sociales se difundieron vídeos e imágenes en las que se observa a un dispositivo de seguridad de Polianzoátegui disparar metras desde escopetas a un grupo de manifestantes, pese a la prohibición que impuso Nicolás Maduro sobre el uso de este tipo de armas en el control y dispersión de manifestaciones.^[8]​^[9]​^[10]​

Cuatro años después de proceso judicial contra el funcionario de Polianzoátegui, el 26 de mayo de 2021, un tribunal encontró culpable a Onán Pereira por la muerte de César Pereira y le imputó los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles o innobles, uso indebido de arma orgánica, manipulación de municiones y concurso real de delito. El tribunal condenó a 26 años y 6 meses de cárcel al funcionario.^[11]​^[12]​

El Ministerio Público hizo una experticia a las armas de Polianzoátegui y casi todas tenían restos de vidrios en los cañones. Se pudo corroborar que los funcionarios de Polianzoátegui sustituyeron las municiones por metras para disparar a los manifestantes durante las protestas en la ciudad de Lechería.^[12]​

El 18 de octubre de 2017, el Gobierno Nacional emitió una resolución publicada en la Gaceta Oficial N.º 41.259, ordenando la intervención de la Policía de Anzoátegui, junto a los cuerpos policiales de los estados Nueva Esparta, Táchira, Mérida y Zulia. En la Gaceta también se indica que el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz designará una junta interventora que dirigirá los cuerpos. La decisión prohíbe asimismo a los cuerpos policiales afectados la prestación de servicios, así como la adquisición de armas, municiones y equipamiento básico durante el tiempo que dure la intervención; 180 días, prorrogable a 90 más. El decreto justificó la intervención por la presunta «participación masiva y continuada de sus funcionarios en violación de derechos humanos, redes delictivas o actividades que atentaran contra el orden constitucional». La intervención coincide con la victoria de la oposición en estos cinco estados en las elecciones regionales de 2017, la oposición acusó al oficialismo de llevar a cabo las intervenciones por «razones políticas». Félix María Enrique Carreño quedó al frente de la dirección de la Policía de Anzoátegui.^[13]​^[14]​^[15]​

El Gobierno de Anzoátegui rechazó la medida, con el secretario general, Sergio Padrón, exigiendo el cese de la intervención. Argumentó que esta había paralizado políticas locales de seguridad, además de señalar que la gestión interventora había coincidido con un aumento alarmante de la criminalidad en el estado.^[16]​ El abogado defensor de los derechos humanos, José Santoyo aseveró que la medida de intervención nunca estuvo justificada y no cuenta con ningún asidero legal.^[17]​ La intervención tuvo como consecuencia la disminución de la operatividad policial y el aumento de la percepción de inseguridad en Anzoátegui.^[18]​

La intervención ministerial finalizó después de cuatro años con la victoria del candidato chavista Luis José Marcano en Anzoátegui, en las elecciones regionales de 2021, Polianzoátegui fue devuelta al gobierno estadal en diciembre de ese mismo año, ahora bajo administración oficialista. ^[19]​