Política económica
| Política económica | ||
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| Campo de estudio aplicado de la economía | ||
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La política económica es el conjunto de acciones, decisiones y estrategias implementadas por los poderes públicos —principalmente el Estado a través de sus órganos de gobierno— con el fin de influir en la actividad económica. Comprende tanto las medidas orientadas a estabilizar la economía como aquellas destinadas a promover el crecimiento, la redistribución de la renta y el bienestar social.[1][2]
Definición y alcance
La política económica abarca un amplio conjunto de instrumentos y medidas, entre ellos:
- Políticas fiscales: impuestos, gasto público y transferencias.
- Políticas monetarias: control de la oferta monetaria y de los tipos de interés por parte de los bancos centrales.
- Políticas comerciales: regulación del comercio exterior, aranceles y acuerdos internacionales.
- Políticas cambiarias: control del tipo de cambio y flujos de divisas.
- Políticas sectoriales: intervenciones en educación, sanidad, energía, transporte, agricultura, entre otros.
Objetivos
Los principales objetivos de la política económica suelen incluir:[3]
- Estabilidad de precios e inflación controlada.
- Crecimiento económico sostenido.
- Pleno empleo.
- Equilibrio en la balanza de pagos.
- Redistribución equitativa de la renta y reducción de la desigualdad económica.
- Sostenibilidad ambiental en la actividad productiva.
Enfoques y debates
Las decisiones de política económica pueden diferir en función de las corrientes de pensamiento económico y de los intereses políticos presentes en cada país:
- Enfoque keynesiano: defiende un papel activo del Estado en la economía, especialmente mediante el gasto público y la política fiscal.
- Enfoque monetarista: otorga prioridad al control de la inflación mediante la regulación de la oferta monetaria.
- Enfoque heterodoxo: incorpora dimensiones sociales, institucionales y ambientales en el diseño de políticas.
Véase también
Referencias
Tipos de política económica
Pueden utilizarse los siguientes pares o conjuntos de denominaciones, para clasificar en términos generales sus medidas o acciones:[1]
- Política económica a corto plazo/Política a largo plazo
- Política económica coyuntural/Política estructural
- Política de estabilización/Política de desarrollo
Objetivos e instrumentos
Aunque los objetivos perseguidos por quienes controlan unos y otros ejecutivos y parlamentos difieren, en las democracias occidentales suele haber una cierta coincidencia entre partidos políticos en cuanto al logro de ciertos objetivos generales, habitualmente recogidos en las constituciones. Resulta posible distinguir así, en primer lugar, la existencia de unos fines genéricos de carácter político como la igualdad, independencia, libertad y justicia. Por debajo de ellos se encuentran unos objetivos que en general suelen ser compartidos, aunque las diferencias aparecen a la hora de las estrategias aplicadas, como el logro de un cierto crecimiento económico medioambientalmente sostenible, con estabilidad de precios, que no genere desequilibrios en la balanza de pagos y que permita crear empleo en aras al logro del pleno empleo.
Los objetivos que cada gobierno persigue también pueden clasificarse en objetivos de corto y de largo plazo. Los fines de corto plazo buscan enfrentar una situación actual; es decir, una coyuntura económica actual, por lo tanto, las medidas son coyunturales. Las medidas de largo plazo buscan otros tipos de finalidades, las cuales pueden afectar la estructura económica de un país, por lo tanto, son medidas estructurales o actuaciones de reforma institucional. Las medidas de corto plazo buscan enfrentar temas como el desempleo, la inflación, etc., mientras que las medidas de largo plazo pueden ser, por ejemplo: incentivar el desarrollo de un sector.
¿Qué personas, parlamentarios, ministros, consejeros, concejales, alcaldes, etc, de todos los partidos políticos, no estarían de acuerdo en la deseabilidad de tales objetivos?. El problema viene en las medidas aplicadas y los beneficios y los costes que de unas y otras se derivan para unos y otros colectivos. ¿Cabe aplicar las mismas medidas para resolver el problema de los amenazados por desahucios en un país por no poder pagar sus deudas que para resolver el problema de sus acreedores que los han demandado al no cobrar dichas deudas?
La diversidad de herramientas, instrumentos o tipos de medidas utilizadas por los gobiernos de los países desarrollados con sistema político democrático es amplia. Pero cuatro grandes tipos de intervención suelen mencionarse como las principales políticas instrumentales: las actuaciones de políticas fiscales o presupuestaria, las actuaciones de monetaria, las actuaciones de política exterior y política cambiaria y las actuaciones de política comercial. Pero también es posible, y de hecho ocurre, que unos u otros gobiernos de ámbito central o subcentral adopten medidas de tipo industrial, agrario, turístico (políticas sectoriales) u otras más horizontales que afecten a varios sectores (política energética, de transportes, comercial, de vivienda, etc).
En democracia todas estas actuaciones es legítimo que puedan diferir según los grupos políticos que han alcanzado la mayoría en cada Ayuntamiento, en cada Asamblea o Parlamento regional-cantonal-etc o en el Parlamento y ejecutivo centrales. Cuando los países forman parte de uniones económicas y políticas de ámbito supranacional, como ocurre en los países miembros de la Unión Europea, pues existe otro nivel de toma de decisiones político-económicas con diversos organismos (Parlamento europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea y otros...) en los que las mayorías que se conformen importan.
Véase también
Referencias
- ↑ Díaz, Andrés Fernández; Gámir, José Alberto [et al ] Parejo; Sáiz, Luis Rodríguez (1 de julio de 2011). Política económica. McGraw-Hill Interamericana de España S.L. ISBN 9788448179076. Consultado el 31 de julio de 2015.

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