Política de vivienda en España

Aunque las competencias en materia de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y ayuntamientos, en la VIII legislatura (2004-2008) se restableció el Ministerio de la Vivienda, que se había suprimido en 1977. En 2010 se volvió a eliminar, para regresar en 2023 bajo el nombre "Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana".

En su etapa 2008-2010, este ministerio centró sus actuaciones en intentar que las viviendas desocupadas salieran en alquiler sin usar medidas fiscales. Para ello creó la Sociedad Pública de Alquiler, que intermediaba entre propietarios e inquilinos y que se eliminó en 2012 por su inoperancia (menos de 5 000 arrendamientos) y sus elevadas pérdidas (deuda de 37 millones de euros) cuando fue suprimida.^[1]​ El resto de actuaciones en vivienda son de cada comunidad autónoma y se centran normalmente en sortear viviendas protegidas.

También desde este ministerio se impulsaron actuaciones contra la corrupción urbanística, como la Ley del suelo (la cual, en contra de la idea popular sobre ella, no buscaba solucionar el problema del acceso a la vivienda, sino el de la corrupción urbanística). Para ello, protegía al pequeño propietario de terrenos a costa de dificultar la construcción. Por este motivo sus detractores consideraron que ralentizaba la construcción de viviendas con la correspondiente subida de precio.

El 23 de julio de 2008 el Ministerio de la Vivienda anunció que durante los siguientes cuatro años adquiriría suelo privado, con una inversión inicial de 300 millones de euros, destinado a la creación de vivienda protegida. La compra se realizaría a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).

El ministro de Fomento de España, José Blanco López, anunció el 30 de noviembre de 2010 medidas para mejorar el funcionamiento del mercado inmobiliario y ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda a los ciudadanos defendiendo firmemente la rehabilitación como motor de la recuperación del sector.^[2]​ En esta etapa del Ministerio se fijaron tres ejes de actuación: el económico, el social y la sostenibilidad urbana. José Blanco aseguró que los primeros retos a los que se debía hacer frente eran “reactivar el empleo en el sector de la construcción y afrontar la digestión de viviendas y suelo que aún quedan en stock en el mercado inmobiliario”. Para el impulso de la rehabilitación, Blanco anunció que se facilitaría la financiación con tipos de interés atractivos y se impulsarían medidas para agilizar los trámites administrativos.

Los directivos de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), criticaron la maraña administrativa que envuelve a su actividad ya que desde el año 2001, se han aprobado 91 normas generales sobre la vivienda: 56 autonómicas y 35 ministeriales.^[3]​

Una de las actuaciones más polémicas ha sido la de la comunidad andaluza para evitar el fraude en VPO. La ley actual garantiza a la comunidad la posibilidad de recompra, lo que evitara fraudes en el futuro pero perjudica a la gente que se vio obligada a comprar en las condiciones fraudulentas anteriores.

De forma regular se sortean viviendas protegidas, siendo los requisitos normalmente no tener otra vivienda en la comunidad y demostrar unos ingresos suficientes para pagarla. Esto está excluyendo del sistema de VPO precisamente a las personas más necesitadas y en cambio permite acceder a ella a personas con más de un piso en el territorio nacional.

El Govern aprobó una Ley de la Vivienda en diciembre de 2006 que proponía multar a especuladores y, en casos graves, incluso expropiar los pisos.^[4]​ También limitaba el número de inquilinos por piso, lo que para algunos podía tener el efecto negativo de incrementar la demanda de pisos de alquiler y por tanto el precio (lo que incrementaría la especulación).

Desde 2009 a 2024 se promulgaron en el ámbito autonómico de Cataluña varias leyes y una decena^[5]​ de decretos-ley con el objetivo de hacer frente al grave problema de la vivienda (muchos de ellos recurridos ante el Tribunal Constitucional de España). Entre ellos pueden citarseː^[6]​

• Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética^[7]​
• Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial
• Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, modificado por el Decreto-ley 1/2020, de 21 de enero, que a su vez fue convalidado (convertido en ley) por el Parlamento de Cataluña
• Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda
• Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19
• Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda
• Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 2/2025, de 25 de febrero, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo

Esta "vorágine regulatoria"^[8]​ ha tenido como efecto una reducción (5 %) de la renta media de los contratos de alquiler de larga duración (superior a un año), una disminución de la oferta (17 %)^[9]​ y un disparo en el número y el precio de los alquileres de temporada (inferiores a un año).^[10]​

En 2024 el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, prometió construir 50 000 viviendas públicas hasta 2030.^[11]​

Otra medida, préstamos de hasta 50 000 euros para cofinanciar la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años, ha sido considerada ineficaz y contraproducente por, previsiblemente, elevar los precios finales, en un informe del centro de análisis de políticas públicas Ivàlua.^[12]​

El departamento de vivienda del País Vasco ha inspeccionado unos 20.000 pisos protegidos, encontrando situaciones fraudulentas en unos 2000 (10%). De estos unos 200 han sido multados ya, y 7 de ellos han sido expropiados al darse circunstancias muy graves [1].

En 2003 puso en marcha un programa para la movilización de pisos vacíos, llamado Bizigune. Mediante este programa, los propietarios de viviendas vacías obtienen la garantía del Gobierno Vasco en cuanto a pago de renta y conservación de la vivienda. Además, el Gobierno Vasco concede una financiación sin intereses de hasta 18.000 euros para la realización de reformas. Los inquilinos acceden en régimen de arrendamiento pagando como máximo el 30% de sus ingresos. La diferencia entre la renta que cobra el propietario y la que paga el inquilino la aporta el Gobierno Vasco. En julio de 2008 este programa había captado ya casi 4500 viviendas [2].

• Crisis española de 2008-2013
• Ministerio de Vivienda de España
• Burbuja inmobiliaria en España
• Vivienda en España
• Corrupción urbanística en España

• Sede electrónica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana