Recurso de conflicto

Las consecuencias sociales y económicas asociadas a los recursos de conflicto suelen ser la expropiación de tierras utilizadas u ocupadas por grupos indígenas y otras poblaciones locales, lo que resulta en la pérdida de ingresos y potencial de ganancias tanto para las comunidades como para los gobiernos locales, la quiebra de las empresas forestales legítimas al distorsionar los precios del mercado y competir injustamente con la madera producida en bosques bien gestionados o la prevención de un desarrollo económico sostenible. Las redes comerciales en tiempos de guerra y la tala por parte de facciones armadas pueden persistir en el período de posguerra, especialmente cuando los conflictos tienen un final confuso como en el caso de Colombia.[16]

Por otro lado a nivel ecológico está asociada a la degradación de los ecosistemas y a la destrucción de los hábitats de la fauna salvaje, a la pérdida de especies en peligro de extinción, al empeoramiento del ciclo hidrológico, a la reducción de la capacidad productiva de los espacios naturales y a la liberación de sustancias contaminantes y peligrosas al medio ambiente natural durante los conflictos. Tanto los conflictos como los periodos posteriores a un conflicto provocan una reducción o suspensión de las actividades de conservación debido a preocupaciones de seguridad y desvío de recursos de ayuda internacional para el mantenimiento de la paz.[17][18][19]

A nivel institucional está ligado a una pérdida de servicios básicos y a la disrupción de las instituciones estatales, iniciativas y mecanismos de coordinación, lo que lleva a empeorar las malas gestiones, a disminuir de las inversiones, a un aumento de las prácticas ilegales y al colapso de prácticas ambientales positivas.[19]

A nivel internacional se han tomado algunas medidas para controlar este tipo de financiamiento a partir de la madera. Inicialmente se empezaron a tomar acciones para abordar el comercio y la financiación de los recursos de conflicto mediante medidas que abordaban este problema caso por caso, generando marcos legales para cada recurso como el Proceso de Kimberley, pero una definición acordada internacionalmente y una legislación internacional permanente, en lugar de ad hoc, facilitaría los procesos de detección y penalización de las empresas y comerciantes de recursos que se saltan las sanciones y se relacionan con los beligerantes..[20][11]En muchos casos la desvinculación de los productores con las facciones involucradas en un conflicto solo puede pasar por la mejora del nivel de vida de la población local, ya que sin ellas ni siquiera es posible asegurar las mínimas condiciones que permitan la aplicación y un funcionamiento efectivo de permisos o licencias.[21]

La mayoría de las medidas políticas de la Unión Europea o de las Naciones Unidas relativas a los recursos de conflicto van dirigidas a la aplicación de sanciones a los regímenes en cuestión, resoluciones complementarias del Consejo de Seguridad de la ONU, o incluso sanciones unilaterales implementadas a nivel nacional.[22] Aunque las sanciones económicas y comerciales pueden modificar directamente el flujo de recursos y dificultar la financiación de la guerra mediante los recursos, se han utilizado en gran medida como medida coercitiva y como medio para obtener influencia económica sobre los países exportadores para servir a los intereses u objetivos de los países sancionadores, no solo con las sanciones económicas sino también aplicando medidas como la condicionalidad de la ayuda humanitaria o la supervisión económica. Estados Unidos, en particular, ha utilizado repetidamente este instrumento en política exterior.[23][24]

La Unión Europea inició en 2003 el plan de acción para el Comercio, la Gobernanza y la Aplicación de las Leyes Forestales o FLEGT, y posteriormente el Programa de Gobernanza y Aplicación de las Leyes Forestales o FLEG iniciado en 2008, que incluye el Reglamento de la Madera de la Unión Europea (EUTR), directrices que abordan el comercio de la tala ilegal en la Unión. El plan FLEGT promueve la creación de Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA), que son acuerdos bilaterales entre la UE y países productores de madera propensos a conflictos. [25] [26][27]En 2020 la Comisión Europea amplió el reglamento con un documento guía llamado Obligaciones clave y aspectos prácticos de la aplicación de la EUTR - 2019 mediante el cual se mejoró el marco legal de aplicación de la EUTR.[28][22]La primera ley de la UE dedicada exclusivamente a los llamados recursos de conflicto es la Ley sobre minerales de conflicto (Conflict Minerals Regulation) que regula mediante diligencia debida la importación de estaño, tantalio, tungsteno y oro, tanto concentrados o como procesados. El término "diligencia debida" significa actuar con cuidado razonable e investigar un asunto antes de tomar una decisión, proceso que deben realizar las propias empresas importadoras, y que en el caso de ser sancionadas lo serían a través de las jurisdicciones nacionales.[29][30][22]

La Organización de Naciones Unidas aprobó en 2011 por unanimidad la guía Principios Rectores para las Empresas y los Derechos Humanos, según la cual las empresas tienen la responsabilidad de garantizar que sus actividades no contribuyan a daños y abusos de los derechos humanos bajo debida diligencia. En 2016 la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.2/Res.15, en la que reconoce que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible contribuyen a reducir el riesgo de los conflictos armados. También promovió el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. [31][32][33]En el acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces (UNFSA) también se examina brevemente la gestión de recursos en áreas donde no existe soberanía estatal, como en alta mar. Algunos organismos de la ONU que cuentan con herramientas para combatir el comercio de recursos de conflicto son la Organización Mundial de Aduanas, la UNODC o el UNICRI. [23][34]

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en 2011 una guía de directrices sobre abastecimiento responsable para las empresas que operan en sus países miembros. Se hace referencia a la guía de diligencia debida de la OCDE como el estándar internacional para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones.[32]

La Nueva Asociación para el Desarrollo Económico en África (NEPAD), que se reunió en Abuja en octubre de 2001, representó una importante iniciativa y compromiso por parte de los gobiernos africanos, y como respuesta el G8 puso en marcha en 2002 un plan dirigido a mitigar el impacto de los conflictos militares en África llamado Plan de Acción de África, en el cual se incluyó el apartado 1.5-Trabajar con los gobiernos africanos, la sociedad civil y otros actores para abordar el vínculo entre los conflictos armados y la explotación de los recursos naturales.[35][36][23]

A nivel judicial los organismos internacionales que cuentan con legislaciones estables y capacidad de juzgar y sancionar el comercio de recursos de conflicto son muy escasos, y la mayoría de las regulaciones dependen de la voluntad de las empresas de cumplir con las directrices de las guías de buenas prácticas. Los reglamentos de los organismos internacionales dependen de las cortes estatales para su cumplimiento. La Corte Penal Internacional cubre las acciones de individuos, no de empresas, y los convenio internacional para abordar la financiación del terrorismo dependen de las legislaciones de cada Estado.La Interpol, especialmente el grupo de trabajo Fopac (Fondos Procedentes de Actividades Delictivas), constituye un instrumento de cooperación internacional que facilita análisis de delitos y difusión de información, así como asistencia forense entre fuerzas policiales.[23]

Una de las primeras iniciativas de legislación nacional fue la Ley Dodd-Frank, que incluye la Sección 1502 relativa a los minerales de conflicto. Esta ley exige que las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa revisen sus cadenas de suministro en busca de estaño, tungsteno, tantalio y oro provenientes del Congo o sus vecinos, y que tomen medidas para abordar cualquier riesgo que encuentren.[22]El Congo y Ruanda también han aprobado leyes similares para todas las empresas que operan en los sectores del estaño, tungsteno, tantalio y oro.[37]

En 2015 la CCCMC (Cámara de Comercio de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos de China), que es una unidad subordinada del Ministerio de Comercio de China, publicó una guía de directrices de diligencia debida para cadenas de suministro de minerales responsables.[37]

Existen también otras iniciativas de cooperación entre la industria privada y los Estados que generan estrategias como la aplicación de certificados como el Proceso de Kimberley para los diamantes de conflicto, el certificado PEFC o el FSC para la madera de conflicto.[38][39][40]

Otra estrategia es la elaboración de estándares o sistemas de verificación como el estándard Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) para petróleo, gas y minerales, la lista CAHRA sobre zonas de conflicto y alto riesgo elaborada por la organización RAND y la European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) o la Norma TCO para material electrónico, el certificado Fairtrade para productos alimentarios, la certificación B Corp para empresas mercantiles. [41][42][43][44]