Operación Colombo

El semanario argentino Lea afirmó en el artículo «La "vendetta" chilena»: «Alrededor de 60 extremistas chilenos han sido eliminados en los últimos 3 meses por sus propios compañeros de lucha en un vasto e implacable programa de venganza y depuración política... El plan de ejecución materializado en una feroz cacería a lo largo y ancho de las tres Américas y Europa... ».

Hacia fines de 1974, la dictadura militar que encabezaba Augusto Pinochet ya era abiertamente cuestionada a nivel internacional por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos —entre ellas detenciones arbitrarias, torturas y la existencia de centenares de detenidos desaparecidos— que se denunciaban desde el 11 de septiembre de 1973. En noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado una resolución que llamaba a «restablecer los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales en Chile»,[5] y un mes después se conocía el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos —elaborado tras una visita a Chile de un grupo de investigadores del organismo—, el cual constataba que el régimen militar había cometido «gravísimas violaciones de derechos humanos».[6][7]

A su vez, el conocimiento del rol que jugó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y las numerosas denuncias de torturas y desapariciones empezaron a generar oposición a la dictadura militar dentro del Congreso estadounidense. Producto de estas continuas revelaciones, en octubre de 1974 el Senado de Estados Unidos, gracias a la iniciativa del senador demócrata Ted Kennedy, rechazó asistencia militar a Chile por más de 20 millones de dólares,[8] y posteriormente, en enero de 1975, creó el Comité Church, con el fin de investigar las acciones encubiertas de la CIA durante las últimas décadas, entre ellas su papel en el golpe de Estado contra Salvador Allende.

En este contexto, durante los primeros meses de 1975 la DINA empezó a organizar una estrategia para convencer a la opinión pública nacional e internacional de la inexistencia o minimización de los detenidos desaparecidos, consistente en atribuir las desapariciones a rencillas políticas internas propias de la izquierda, y específicamente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La reproducción de estas noticias en la prensa chilena tenía como propósito respaldar la posición del gobierno: que no había detenidos desaparecidos, sino que las personas buscadas por sus familiares habían huido del país.

La campaña de desinformación fue organizada por Álvaro Puga Cappa, director de Asuntos Civiles de la Junta Militar y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien se encargó de suministrar a periodistas nacionales y extranjeros de los reportes de prensa para encubrir los crímenes de los 119 detenidos desaparecidos.[4][9] Puga también era en ese tiempo columnista de La Segunda, bajo el seudónimo «Alexis».[10]

A pesar del intenso despliegue informativo, con el paso de los días rápidamente se inició un fuerte cuestionamiento a la información que publicaban los medios nacionales, debido a que las revistas O Día y Lea eran desconocidas, a que las listas las integraban personas desaparecidas que habían sido objeto de recursos de amparo, a que no había cuerpos y a la falta de información nueva, al mismo tiempo que los principales países involucrados comenzaron a desmentir la existencia de enfrentamientos armados contra guerrilleros.[21] Medios internacionales como La Opinión de Argentina, la revista Time y el New York Times pusieron en duda la versión oficial mantenida por la Junta Militar.[10][21] En paralelo, familiares de Robotham y Guendelman, después de viajar a Buenos Aires, negaron que los cuerpos aparecidos en la capital argentina fueran de ellos.[21] El Mercurio, en una nueva editorial publicada el 3 de agosto, validó de manera renuente los cuestionamientos, al afirmar: «¿Es verosímil en su conjunto la información que se ha estado suministrando? En apariencias, no; y por lo menos debiera esperarse a estas alturas una aclaración o una confirmación precisa de las autoridades».[22]

El 1 de agosto el Comité Pro Paz presentó una solicitud a la Corte Suprema para que se designara un ministro en visita por las personas detenidas y desaparecidas durante sus arrestos. Se insistió en saber el paradero de estas personas por los nuevos antecedentes que surgieron por la supuesta información de 119 chilenos muertos en Argentina. Pero esta solicitud fue denegada dos meses después por el máximo tribunal.

A pesar de las dudas, la Junta Militar insistió en la versión de los enfrentamientos y criticó los cuestionamientos como una campaña de desprestigio en el extranjero en contra del régimen militar. Recién el 20 de agosto, durante una ceremonia en San Bernardo por el natalicio de Bernardo O'Higgins, el general Augusto Pinochet se refirió de manera oficial al caso de los 119. En la ocasión, anunció una investigación sobre la materia, sin embargo esta nunca se realizaría.[23]

El 1 de diciembre de 1977, dos años después de las falsas publicaciones, el embajador de Chile ante la ONU, Sergio Diez, negaría ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la existencia de detenidos desaparecidos e insistiría con la versión del gobierno de que muchas víctimas correspondían a purgas internas del MIR, o que otras personas simplemente no tenían existencia legal, o se trataba de gente muerta o exiliada.[24][25]

La gran mayoría de los detenidos desaparecidos eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Sin embargo, también hubo militantes del Partido Comunista (PC), del Partido Socialista (PS), del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), de la Liga Comunista de Chile, un miembro del Partido Demócrata Cristiano (DC) y algunas personas sin militancia política.

Diecinueve de las víctimas eran mujeres. La más joven de ellas, María Isabel Joui, tenía 19 años a la fecha de su detención, y las dos mayores, 34. Trece de ellas tenían menos de 25 años y las demás no llegaban a los 30. Una desaparecida estaba embarazada y cuatro eran madres de niños muy pequeños. Desaparecieron entre 1974 y 1975.[26]

Los nombres de las 19 mujeres son: María Inés Alvarado Borgel, María Angélica Andreoli Bravo, Jacqueline Binfa, Carmen Bueno Cifuentes, María Teresa Bustillos, Sonia Bustos Reyes, Cecilia Castro Salvadores, Muriel Dockendorff, Jacqueline Drouilly Yurich, María Teresa Eltit, María Elena González Inostroza, María Isabel Joui Petersen, Mónica Llanca Iturra, Violeta López Díaz, María Cristina López Stewart, Eugenia Martínez Hernández, Marta Neira Muñoz, Patricia Peña Solari y Bárbara Uribe Tamblay.

El proceso «Operación Colombo» fue investigado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Víctor Montiglio. Por esta causa, el ministro solicitó el desafuero de Augusto Pinochet, que fue concedido el 6 de julio de 2005 por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Corte Suprema el 14 de septiembre. Luego, procesó a Augusto Pinochet el 28 de diciembre de 2005 y le concedió la libertad provisional bajo fianza, por lo que quedó en libertad provisional el 9 de enero del 2006. Pinochet fue sobreseído definitivamente en diciembre de 2006. El 27 de mayo de 2008 el ministro Montiglio dictó procesamiento y orden de arresto para 98 implicados en los crímenes, entre miembros de las Fuerzas Armadas y civiles.[27] En 2013 se presentó la primera querella criminal en contra de Agustín Edwards, dueño de El Mercurio y La Segunda, por su rol en la operación Colombo.[28]

En 2005, familiares de detenidos desaparecidos en la operación Colombo solicitaron al Colegio de Periodistas de Chile un sumario por la actuación de los medios involucrados. En un fallo de 35 páginas dado a conocer en marzo de 2006, el Tribunal de Ética de la entidad gremial sancionó con censura pública y suspensión de colegiatura de seis meses a Fernando Díaz Palma, exdirector de Las Ultimas Noticias, y a Alberto Guerrero Espinoza, exdirector de La Tercera. También sancionó con tres meses de suspensión a la periodista de El Mercurio Beatriz Undurraga Gómez y absolvió a la periodista de La Segunda Mercedes Garrido Garrido. El sumario también estableció responsabilidades de René Silva Espejo y de Mario Carneyro, exdirectores de El Mercurio y La Segunda, respectivamente, pero no fueron sancionados por estar fallecidos.[9]

• El Mercurio miente
• El diario de Agustín
• Plan Z (Chile)

• Fallo Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile
• Recortes de prensa de la época que dieron a conocer estos hechos
• Fotografías y testimonios de las 119 personas detenidas desaparecidas
• 119 de nosotros de Lucía Sepúlveda
• Careo entre Manuel Contreras y Augusto Pinochet por el Caso Colombo
• Historial judicial de Augusto Pinochet