Gustavo Gorriti

Inició su carrera periodística en la revista Caretas en el año 1981 donde cubrió la época del terrorismo en el Perú iniciado por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Dejó la revista para escribir el libro Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú en la Universidad de Harvard, libro que publicó en 1990.[6]

Gorriti adquirió fama como periodista en la década de 1980, informando sobre los conflictos internos de Perú entre el gobierno y grupos terroristas como Sendero Luminoso. Además de sus artículos periodísticos, escribió un libro de tres volúmenes sobre la organización.

En 1992, cuando trabajaba para el semanario Caretas, denunció los vínculos entre el gobierno y los narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el «jefe» del entonces presidente Alberto Fujimori. La cólera suscitada por estos artículos llevó a un comando del ejército peruano a irrumpir en su domicilio y secuestrarle durante la crisis constitucional peruana de 1992, en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varios opositores.

La esposa de Gorriti, que había estado presente en el secuestro, siguió un plan que ambos habían concertado previamente, llamando a ONG internacionales de prensa, así como al gobierno de Estados Unidos. La inmediata presión internacional hizo que Gorriti fuera trasladado a detención oficial al día siguiente, una respuesta que, según dijo más tarde, probablemente le salvó la vida. Fue liberado el 8 de abril, dos días después de su secuestro inicial.

En 2009, Fujimori fue declarado culpable por un tribunal peruano de ordenar el secuestro de Gorriti, entre otros abusos contra los derechos humanos, y condenado a 25 años de prisión. En noviembre de 2021, su antiguo asesor, Vladimiro Montesinos, fue condenado a 17 años de prisión por el secuestro.

En la madrugada del 6 de abril de 1992, tras el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, miembros del Servicio de Inteligencia llegaron al domicilio de Gorriti y le dijeron que eran de la Policía Nacional del Perú. Ante informaciones sobre otras detenciones, Gorriti realizó una llamada para alertar a amigos periodistas sobre su posible detención. Los miembros del servicio de inteligencia ingresaron al domicilio armados y le dijeron al periodista que debía entregarles su computadora y acompañarles. Gorriti se despidió de su esposa e hijas y fue llevado al Cuartel General del Ejército del Perú.

Gorriti permaneció en los sótanos del Cuartel por dos días hasta que fue llevado a las oficinas de Seguridad del Estado y fue liberado. Esto debido a la primera alerta hecha por Gorriti y a que su esposa, Esther Delgado Bedoya, también se comunicó con periodistas y organizaciones. El embajador de España Nabor García, la embajada de los Estados Unidos y organizaciones de Derechos Humanos reclamaron al gobierno de Alberto Fujimori sobre el paradero de Gorriti.[7]

Tras su liberación, Gorriti abandonó Perú.[8] Trabajó durante un tiempo en Estados Unidos, primero como becario en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, en Washington D. C., y en el Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami.[9]

Gorriti se trasladó a Panamá en 1996, donde trabajó para La Prensa. Volvió a escribir sobre los vínculos entre funcionarios del gobierno y narcotraficantes, y de nuevo fue objeto de amenazas.[10]

Ese año denunció que un banco que había quebrado recientemente había estado blanqueando dinero para el cártel colombiano de Cali. También denunció que algunos de los nombramientos del presidente Ernesto Pérez Balladares estaban guiados por el nepotismo, y en 1997 se hizo especialmente conocido por denunciar que un agente del cártel había aportado 51 000 dólares a la campaña presidencial de Pérez Balladares. Cuando expiró su visado de trabajo, el gobierno panameño se negó a renovarlo, lo que desencadenó una tormenta de críticas por parte de ONG de prensa internacionales y partidos de la oposición nacional.[11][12] Gorriti se refugió en las oficinas de La Prensa, y el diario consiguió retrasar su expulsión gracias a un aplazamiento concedido por el Tribunal Supremo panameño.[9]

Americas Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitieron declaraciones en apoyo de Gorriti, al igual que el novelista británico John le Carré y el novelista peruano Mario Vargas Llosa.[9] Estados Unidos presionó a Panamá en favor de Gorriti, y el caso se incluyó en el expediente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. El gobierno panameño cedió y posteriormente se renovó el visado de Gorriti.

El gobierno presentó entonces cargos penales por difamación contra Gorriti en virtud de la ley mordaza, que conlleva una pena máxima de seis años de prisión.

En 1999 se presentó una segunda acusación contra Gorriti y otros tres periodistas de La Prensa por un artículo en el que informaba de que un narcotraficante había hecho donaciones a la campaña del Procurador General José Antonio Sossa, siendo el propio Sossa quien supervisaba la investigación.

Finalmente, en 2000,[13] la policía rodeó su casa en el marco de una investigación sobre casos de corrupción de autoridades panameñas.[14] Además, el Sindicato de Periodistas de ese país lo declaró persona non grata.[15] Como consecuencia de ello, abandonó el país.[14]

En 2023, el portal web de IDL denunció amenazas de muerte al columnista político.[18] Por tal motivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor.[19] Además, ha recibido diversos ataques por parte del colectivo de extrema derecha llamado La Resistencia, tanto en su casa como en IDL-Reporteros.[20][21] A la par de La Resistencia, Gorriti denunció la implicación en estos ataques de otros grupos como La Insurgencia, Los Combatientes y Los Patriotas.[21][22] Ante esto, la congresista Susel Paredes manifestó formalmente que estos grupos habían identificado al periodista investigativo como un líder de la denominada «caviarada», un término despectivo empleado para referirse a personas de ideología progresista.[23]

Según Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, se habría reportado siete campañas de desinformación hacia Gorriti, al vincularlo con organizaciones como Odebrecht y Movadef.[24] En enero de 2024, la justicia peruana consiguió una sentencia contra Jenny Zúñiga Mourao por difamación, cuando señaló que Gorriti habría cometido delitos vinculados al terrorismo, fraude fiscal, corrupción, entre otros, sin afirmar alguna evidencia.[25]

Tras la muerte de Alan García en el año 2019, Gorriti fue señalado como responsable de tal acción, siendo Héctor Becerril uno de los que le señalaban de estar implicado. Esta idea también fue compartido en las redes sociales de usuarios afines al Partido Aprista Peruano.[26]

En 2024, según declaró Jaime Villanueva en el contexto del escándalo en el Ministerio Público, Gorriti se reunió con Rafael Vela para intercambiar información confidencial para «cercar a García».[27] Esto llevó a que dirigentes y militantes apristas acusaran a Gorriti de ser responsable de la muerte de García al inducirlo al suicidio a través de una presunta campaña mediática.[28]

De acuerdo a las declaraciones de Villanueva, Gorriti habría intervenido en las investigaciones hacia altos funcionarios. Según el exasesor, Gorriti presuntamente presionó al por entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry para que creara el Equipo Especial Lavajato. Según Villanueva, Gorriti le llamó para que le comunicara a Chávarry que si no creaba el Equipo Especial, «él [Gorriti] iba a ser pública esa carta [de renuncia] de José Domingo Pérez».[29]

En otras declaraciones de Villanueva, éste relató que, tras una reunión entre Gorriti y José Domingo Pérez, se acordó realizar una campaña de victimización en la cual Domingo Pérez diría a los medios que alguien había forzado la puerta de su casa.[30][31] En otras declaraciones de Villanueva, éste relató que Gorriti fue quien «exigió que se contrate» al fiscal Stefan Lenz.[31]

Otra explicación de Villanueva afirmó que Gorriti habría «dirigido» las labores investigativas de Domingo Pérez y Rafael Vela con respecto al Caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori.[32] Además, mencionó que, entre los años 2017 y 2018, Gorriti «indicaba a quiénes se debía investigar, qué interrogatorios formular y dónde obtener la información».[33]

Ante las declaraciones de Villanueva, Gorriti afirmó, en una entrevista realizada por Rosa María Palacios, que dichas declaraciones eran parte de una «campaña de desinformación» en su contra.[34] Además, manifestó que Villanueva era su fuente periodística para la elaboración de sus informes.[35]